En los sistemas económicos abiertos basados en la libertad de competencia, como el que opera actualmente en Colombia, el mercado asume un papel de primer orden ya que constituye la estructura comunicativa de la oferta y de la demanda.

La polí­tica de protección al consumidor tiene su fundamento en el reconocimiento de la necesidad de acciones tendientes a reconocer los derechos de los consumidores, a la seguridad, la salud y protección de los legí­timos intereses económicos, así­ como a la información y a la participación.

La Superintendencia de Industria y Comercio es responsable de vigilar la observancia de las disposiciones contenidas en el estatuto de protección del consumidor, hoy decreto 3466 de 1982, en tal virtud tramita las denuncias que se presentan e inicia investigaciones de oficio tendientes a establecer su contravención.

En este campo tiene facultades administrativas para ordenar la suspensión de conductas ilegales, sancionatorias para reprimir a los infractores y jurisdiccionales para resolver sobre la garantí­a mí­nima presunta.

Sin embargo, el panorama general de los colombianos es que la mayorí­a de estos no sabe que entidad los protege ni donde denunciar los abusos que dí­a a dí­a reciben.

Para contrarrestar esto, la Superintendencia de Industria y Comercio, se ha venido comprometiendo en la tarea de crear una verdadera cultura del consumo.

Como resultado de esta tarea, presentó a los consumidores, a los productores y a la comunidad en general, la guí­a del consumidor, en la esperanza de que se constituya en material referencial para un mejor conocimiento de la manera de aplicar las normas consagradas en el Estatuto del Consumidor.

"Sólo con un buen conocimiento de los derechos de los consumidores y de las posibilidades que ellos tienen de ejercerlos, se conseguirá un mercado en donde éstos actúen con verdadera libertad en la elección de sus bienes y servicios y donde los productores y proveedores cumplan con sus deberes de probidad, lealtad y buena fe" SIC.

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Redacción: Revista Gobierno